Desde hace décadas, el crecimiento económico se considera uno de los indicadores más importantes de la prosperidad y la fortaleza económica de una sociedad. Cuando crece el producto interior bruto, esto suele interpretarse como una buena noticia: las empresas invierten, se crean puestos de trabajo, los ingresos pueden aumentar y el Estado dispone de un margen de maniobra financiero adicional. Por ello, el crecimiento no solo simboliza el éxito económico, sino que a menudo también representa el éxito de un gobierno.
Casi ningún indicador de política económica se sigue con tanta atención. Incluso los cambios más leves en las previsiones de crecimiento pueden influir en los mercados bursátiles, desencadenar debates políticos y determinar si un Estado se atreve a realizar nuevas inversiones o se plantea medidas de austeridad. Sin embargo, desde hace algunos años se cuestiona cada vez más la idea de un crecimiento económico lo más duradero posible. Y es que un producto interior bruto en aumento solo indica, en un primer momento, que dentro de una economía se han producido o prestado más bienes y servicios. De ello no se deduce directamente si, gracias a ello, las personas viven realmente más satisfechas, más sanas o más seguras.
Esto plantea una cuestión fundamental: ¿sigue siendo realmente el crecimiento económico el objetivo principal por el que deben luchar las sociedades y los gobiernos? ¿O necesitamos ahora criterios adicionales para poder evaluar el éxito de un país?
